Javier Báez, consejero portavoz del Instituto de Tráfico y Transporte, para La Razón

El Instituto de Tráfico y Transporte (ITT), representante de parte importante de las autoescuelas del país, reclama desde hace tiempo soluciones para acabar con el colapso que están sufriendo muchas jefaturas de Tráfico.

– Hay 750.000 alumnos que no se pueden examinar, ¿qué le piden al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Tráfico (DGT)?

– De manera inmediata la única solución es dotar económicamente, y con carácter urgente, a todas las jefaturas provinciales de Tráfico para la ampliación de la jornada laboral de todos aquellos funcionarios examinadores que lo deseen, mediante horas extraordinarias retribuidas. También pedimos que una parte de la plantilla sea itinerante para paliar las necesidades motivadas por puntas de trabajo, enfermedades o vacaciones de los propios funcionarios y jubilaciones que se fuesen produciendo, hasta que las mismas quedasen cubiertas.

– ¿Ampliar la plantilla aliviaría la situación?

Estimamos que el número mínimo de la plantilla de funcionarios examinadores debería elevarse a 1.000 (ahora hay aproximadamente 600). Una ampliación muy ardua y larga de conseguir por el procedimiento de oposiciones actual. Por ello entendemos que la única solución definitiva a medio plazo es un sistema mixto de exámenes como hacen otros países de Europa, por ejemplo Portugal, con la entrada de empresas privadas, con las inspecciones correspondientes, y siempre sería la DGT quien emitiese el carnet de conducir.

– Entre sus propuestas está destinar una partida de dos millones de euros para aliviar la situación temporalmente.

– Con el dinero que ingresa la DGT por tasas abonadas por los ciudadanos éstos deberían recibir un servicio excelente de exámenes. Esto influiría directamente en algo tan serio e importante como es la seguridad vial, con lo que se conseguiría continuar con el descenso de la siniestralidad y de las víctimas, ya sean conductores, peatones, ciclistas o demás usuarios. Estamos hablando de cantidades irrisorias comparadas con los 150 millones que la DGT transfiere anualmente a la Tesorería del Estado. Un dinero que debería servir también para paliar una serie de carencias existentes en la gestión de la seguridad vial, por parte de la DGT. Por tanto, no entendemos cómo a la Dirección General de Tráfico no se le ha autorizado ya esta pequeña partida económica de dos millones de euros por parte del Ministerio de Hacienda. Incomprensible e inadmisible para los cientos de miles de personas que están esperando a ser examinadas. Por lo que hacemos también responsable al Ministerio de Hacienda de las carencias que están sufriendo los ciudadanos de este país para recibir este servicio.

– ¿Qué opina del actual servicio de exámenes que rige en la DGT?

– Es un enfermo crónico. Sigue vivo a duras penas pero bien se sabe que no tiene cura. Lleva décadas con el mismo tratamiento de parches pero empeora cada vez más y los que llevan años sufriendo esta enfermedad son los ciudadanos que desean obtener su permiso de conducir y no pueden. Por todo ello, no entendemos las declaraciones de la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea Aranguren, en su reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados, en las que dijo que era un problema surgido por la pandemia de la COVID-19, demostrando así que es una gran desconocedora de la realidad. La falta de examinadores no es un tema de pandemias, es una realidad que ciudadanos y autoescuelas llevamos décadas sufriendo.