Ayer se hizo pública dicha convocatoria, motivada, según los examinadores, por la nula respuesta de la Administración a sus peticiones.

La Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) informó de que los funcionarios de la DGT que hacen las pruebas de los permisos de conducir pararán los lunes, martes y miércoles de cada semana, a partir del 19 de este mes y hasta el 31 de julio, como poco.

Los examinadores han anunciado que el conflicto puede extenderse a septiembre, si la Administración continúa cerrada en banda y no satisface sus reivindicaciones. La DGT señaló días atrás por boca de su director general, Gregorio Serrano, que la última palabra al respecto la tenía la Dirección General de la Función Pública.

La impresión general es que bastaría con la aprobación del complemento específico que piden los examinadores para que los paros fuesen desconvocados. Este complemento, que supondría unos 250 euros al mes por funcionario, se justifica en opinión de sus demandantes en cuatro puntos: 1. – La elevada complejidad técnica de la labor; 2. – La peligrosidad; 3. – La penosidad (pues se trabaja a la intemperie); 4. – La gran responsabilidad.

Los examinadores aseguran que el complemento fue acordado con la anterior directora general, María Seguí, hace casi dos años, a raíz de la huelga que tuvo lugar en el otoño de 2015, sin que hasta el momento Función Pública haya aceptado o rechazado la propuesta.

Amenaza de colapso

El tiempo se agota, mientras los ciudadanos y el sector de los centros de Formación Vial contemplan el panorama con extrema inquietud, ya que estos meses son los de mayor demanda de permisos.

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha advertido reiteradas veces de que la huelga de los funcionarios agravaría la situación del servicio de exámenes de la DGT, ya en precario por la escasez de examinadores que atenaza a muchas jefaturas provinciales. La amenaza de colapso en las pruebas de los permisos de conducir es mayor cada día que pasa.

El 2 de este mes tuvo lugar el primer paro, que afectó a toda España y fue seguido por el 90% de los funcionarios. Se estima que se quedaron sin examinar unos 7.000 aspirantes a conductores.